La noche de Nochevieja debería ser, por definición, un momento de celebración, de encuentro, de confianza en que el entorno en el que nos reunimos es seguro. Sin embargo, esa confianza se rompió de manera abrupta en el bar Le Constellation, en la estación suiza de Crans-Montana, cuando una celebración se transformó en una tragedia con decenas de víctimas.
Las imágenes y los testimonios posteriores resultan estremecedores, pero lo más inquietante no es la magnitud del suceso, sino la sensación de estar ante una historia que ya conocemos demasiado bien. Cambian los nombres de los locales, los países y las fechas, pero el patrón se repite con una regularidad alarmante.
No es la primera vez que un incendio en un local de pública concurrencia se cobra vidas en cuestión de minutos. Y, lamentablemente, tampoco será la última si no somos capaces de extraer de estos episodios algo más que titulares y minutos de silencio.
Cada vez que ocurre un siniestro de este tipo escuchamos las mismas palabras: “tragedia imprevisible”, “fatal accidente”, “una desgracia”. Sin embargo, quienes llevamos años analizando incendios sabemos que rara vez se trata de hechos fortuitos en el sentido estricto del término. Detrás de estas tragedias suele existir una cadena de decisiones equivocadas, omisiones y falta de comprensión real del riesgo.
Un ejemplo especialmente esclarecedor, y desgraciadamente cercano, fue el incendio ocurrido en abril de 2023 en un restaurante de la plaza de Manuel Becerra, en Madrid. Allí, una llama originada durante la elaboración de un plato flameado alcanzó materiales decorativos combustibles en el techo y las paredes del local, que se propagaron con una rapidez estremecedora y transformaron el establecimiento en lo que varios testigos describieron como “una ratonera”. En cuestión de segundos, el fuego se extendió por todo el espacio, dificultando la evacuación eficaz de las personas presentes y provocando tres víctimas mortales y una docena de heridos, varios de ellos graves.
En una línea similar se sitúa el incendio ocurrido en Murcia, también en 2023, que afectó a los locales Teatre y Fonda Milagros. En este siniestro —que se cobró la vida de 13 personas— el fuego se propagó de manera muy rápida entre establecimientos contiguos. La investigación y el proceso judicial, aún en curso, ponen de manifiesto de nuevo la importancia de analizar no solo lo sucedido durante el incendio, sino también las condiciones previas de seguridad, el cumplimiento efectivo de los requisitos exigibles a locales de pública concurrencia y la coherencia entre la actividad desarrollada y las medidas de protección implantadas.
El uso de llamas abiertas en espacios no preparados para ello, la existencia de abundantes materiales combustibles en acabados interiores, la ausencia de sistemas eficaces de detección y extinción, las deficiencias en los itinerarios de evacuación, y los planes de emergencia inexistentes o en el mejor caso poco practicados, son realidades que se repiten más de lo que quisiéramos. Nada de esto es nuevo. Todo ello forma parte de un problema recurrente que exige respuestas y acciones efectivas.
Tal vez la cuestión más preocupante no sea la falta de normativa o de soluciones técnicas —que existen y son sobradamente conocidas—, sino la inconsciencia con la que, en demasiadas ocasiones, se afronta el riesgo de incendio en locales de pública concurrencia.
Quiero pensar que los promotores y gestores de locales no son plenamente conscientes de los riesgos que asumen, ni de la responsabilidad que les corresponde como primeros garantes de la seguridad de sus clientes. Porque la alternativa, que alguien con conocimiento del riesgo, decidió mirar hacia otro lado, me parece inquietante y peligrosa.
La protección contra incendios sigue siendo percibida por algunos como un asunto técnico que “ya resolverán otros”: el proyectista, el instalador, el mantenedor, la administración. Y en ese reparto implícito de responsabilidades, se diluye la conciencia de que la seguridad no es un trámite administrativo, sino una obligación directa de quien explota el establecimiento.
Esta falta de conocimiento real del riesgo —de cómo se inicia un incendio, de cómo se propaga, de lo rápido que se pierde el control de la situación en un espacio cerrado— acaba generando, casi sin darse cuenta, una peligrosa sensación de falsa seguridad. No porque se acepte el riesgo de forma deliberada, sino porque no se comprende su verdadera dimensión.
Cada incendio de este tipo vuelve a recordarnos algunas verdades incómodas.
Lo que marca la diferencia entre un incidente grave y una tragedia es, muchas veces, la capacidad real de evacuar con rapidez y seguridad un local de pública concurrencia. Y ahí seguimos encontrando carencias en los siguientes aspectos:
Todo esto por no hablar de los sorprendentes videos que se pueden encontrar en internet donde se observa a los jóvenes grabando con sus teléfonos el inicio del incendio, como si fuera una parte más del espectáculo, desconocedores del infierno que se estaba desatando y de la importancia de no perder un segundo en estas situaciones.
A estas cuestiones se suma un aspecto que aparece con cierta frecuencia en este tipo de siniestros: el uso de pirotecnia en interiores. No es una práctica prohibida, pero sí regulada, que exige un control riguroso, debiendo utilizarse productos específicamente homologados para ese entorno, y seguir la normativa municipal que puede requerir de una evaluación del riesgo y de una inspección previa para garantizar que esa actividad puede desarrollarse en condiciones de seguridad.
A todo ello se añade, inevitablemente, la formación del personal, que no es un complemento, sino una pieza esencial del sistema de seguridad: saber cómo dirigir una evacuación, cómo evitar avalanchas y cómo actuar con serenidad en los primeros minutos es tan importante como disponer de los medios físicos adecuados.
Y, por supuesto, todo ello debe apoyarse en inspecciones y mantenimientos reales, no entendidos como burocracia, sino como la única forma de garantizar que lo que se diseñó para proteger realmente funciona cuando llega el momento crítico.
Desde CEPREVEN llevamos décadas insistiendo en que la seguridad contra incendios no puede construirse solo a base de reglamentos. Las normas son imprescindibles, pero no sustituyen a la cultura preventiva. Esa cultura implica que propietarios, gestores, técnicos, instaladores, mantenedores y administraciones asuman que la seguridad no es negociable, ni un coste prescindible porque “nunca pasa nada”.
Cada tragedia como la de Crans-Montana debería servirnos para algo más que para lamentarnos. Debería impulsarnos a revisar prácticas, a cuestionar inercias y a reforzar la profesionalización de un sector que tiene en sus manos algo mucho más valioso que un negocio: la confianza y la seguridad de las personas.
Porque estas tragedias no deberían ocurrir. Y, sin embargo, siguen ocurriendo. La diferencia entre que sigan repitiéndose o empiecen a ser verdaderamente excepcionales depende, en buena medida, de que dejemos de tratar la seguridad contra incendios como una obligación formal y la asumamos, de una vez por todas, como una responsabilidad ética.
